Las farmacias comunitarias han dejado de ser únicamente puntos de acceso a los medicamentos para convertirse en una parte fundamental del Sistema Nacional de Salud gracias a la labor que realizan. Además, son agentes generadores de empleo y desarrollo económico y también factores clave para la cohesión social y territorial del país. Estas características se hacen especialmente patentes en las farmacias rurales, tal y como lo refleja un reciente estudio realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), que ha arrojado luz sobre el papel que desempeñan estos centros sanitarios.
El informe se ha centrado en la actividad que desarrollan las farmacias en las áreas rurales en España. A la hora de elaborarlo, se han diferenciado dos tipos de poblaciones: los municipios rurales de pequeño tamaño, con menos de 5.000 habitantes y una densidad poblacional no superior a 100 habitantes por km2, que representan el 78% de los municipios del país; y los micromunicipios rurales, con menos de 800 habitantes y una densidad similar, que constituyen el 57% del total.
Se trata de zonas caracterizadas por la masculinización y el envejecimiento de los residentes, así como por la falta de población activa, lo que puede obstaculizar su crecimiento económico. Además, la inversión pública en infraestructuras y servicios en el medio rural ha sido históricamente insuficiente, lo que ha contribuido a incrementar la brecha en el acceso a servicios como la atención primaria y la conectividad digital.
A pesar de que el 96,6% de los municipios españoles tienen servicios sanitarios de atención primaria, el 88,8% de los que carecen de esta cobertura son micromunicipios rurales. En comparación, el 90% de la población en municipios rurales de pequeño tamaño cuenta con una farmacia comunitaria en su localidad, mientras que en micromunicipios rurales, esta cifra disminuye al 69,9%. Por otro lado, el acceso a la fibra óptica en estas áreas es limitado, lo que puede dificultar el acceso a la digitalización de las personas mayores y con poca experiencia en tecnología.
Estos datos muestran la despoblación que existe en muchas regiones y que plantea una seria preocupación a la hora de garantizar los servicios necesarios a sus habitantes. Aunque la evolución demográfica que ha experimentado España en las últimas décadas ha estado marcada por el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento de la población, esta se ha concentrado principalmente en las zonas urbanas.
El rol de las farmacias en el mundo rural
En este contexto, las farmacias comunitarias ubicadas en áreas rurales emergen como un factor clave para la cohesión social y territorial. Actualmente, un 20% de las boticas se encuentra en municipios rurales de pequeño tamaño –más de 4.400–, mientras que el 8,4% está en micromunicipios rurales –cerca de 1.900–. Gracias a su labor, el 90% de la población en municipios rurales de pequeño tamaño y el 69,9% en micromunicipios tienen acceso a servicios farmacéuticos, atendiendo a aproximadamente 5,6 millones de personas, casi el 10% de la población total de España.
Estos centros no solo garantizan el acceso a los medicamentos en estas regiones, sino que también desempeñan un papel vital en la atención primaria y sociosanitaria siendo, en muchos casos, el contacto más cercano que la población tiene con el sistema de salud. Además, estas farmacias generan empleo de calidad y contribuyen a fijar población en estas zonas, impulsando su desarrollo económico y social. Es definitiva, son un punto de referencia para la comunidad y un factor clave para frenar la despoblación.
Una de cada tres farmacias en micromunicipios rurales está en situación de Viabilidad Económica Comprometida.
De hecho, en municipios rurales de pequeño tamaño, estos establecimientos son responsables de al menos 11.851 empleos en toda España según un estudio realizado en 2020 por e CGCOF, de los cuales el 65,6% de los titulares de farmacias en estas áreas son mujeres, lo que demuestra su importancia en la creación de empleo.
A medida que disminuye el tamaño del municipio, la facturación de las boticas también decrece. En estas zonas, nueve de cada diez euros facturados provienen de la dispensación de medicamentos, cuyo margen está regulado por ley, y apenas se producen ventas relacionadas con productos sanitarios o de salud.
De hecho, el 83,4% de las farmacias en situación de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) se encuentra en municipios rurales de pequeño tamaño, lo que representa el 13,1% del total de farmacias ubicadas en estos entornos (cerca de 600 establecimientos). Por otro lado, en los micromunicipios rurales, la cifra aumenta hasta el 91,3%, lo que equivale al 28,4% del total de farmacias establecidas en estas áreas. Estas cifras indican que una de cada tres farmacias en micromunicipios rurales está en situación de Viabilidad Económica Comprometida.
Con respecto a los servicios asistenciales, las farmacias del medio rural ofrecen los mismos que las de áreas urbanas, aunque las primeras se enfrentan a la problemática derivada de las condiciones sociodemográficas, económicas y de infraestructuras. En muchas ocasiones, y debido a estas características, las actividades asistenciales de las farmacias (como es el caso del seguimiento de la adherencia terapéutica o de la dispensación domiciliaria) son mayores cuanto menor es el tamaño del municipio.
El impacto económico de las farmacias rurales
El estudio del CGCOF revela que las farmacias en municipios rurales de pequeño tamaño tuvieron un impacto económico positivo cercano a 1.600 millones de euros en 2020.
Este impacto económico se desglosa en varias categorías, incluyendo la actividad directa de las farmacias, la demanda de materias primas y servicios externos, así como el consumo generado por los sueldos y salarios pagados tanto por las farmacias como por sus proveedores. Esto se tradujo en la generación de más de 23.600 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa.
En total, cada euro de Valor Añadido Bruto (VAB) generado por las farmacias rurales tuvo un efecto multiplicador que benefició a la economía general del país en 4,30 euros. Este concepto mide el conjunto de bienes y servicios producidos por este sector, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios, y en el caso de las farmacias rurales, se trata de una cifra superior a la de otros sectores productivos de alto valor añadido, como el transporte terrestre, las telecomunicaciones o la consultoría informática, poniendo de manifiesto la capacidad tractora de la farmacia sobre otras actividades.
Por otro lado, también contribuyen al arraigo de la población en estas zonas. Entre 2008 y 2021, estos municipios experimentaron una menor pérdida de población activa y población femenina, y una menor tasa de desempleo en comparación con los municipios rurales sin farmacia.
¿Cómo mejorar la situación actual?
El estudio se cierra con una serie de recomendaciones para mejorar la situación y asegurar la sostenibilidad de las farmacias rurales.
Entre ellas destacan incluir a las farmacias en las políticas de cohesión social y territorial, estableciendo una coordinación efectiva entre la administración territorial y la sanitaria. También se considera necesario integrar a los farmacéuticos y las farmacias comunitarias en las estrategias de salud pública y en el nuevo Sistema de Vigilancia de la Salud Pública para mejorar la eficacia y eficiencia de la asistencia sanitaria.
Por otro lado, es imprescindible diseñar nuevas fórmulas de concertación y remuneración de servicios sanitarios y sociosanitarios para garantizar la sostenibilidad de los servicios farmacéuticos asistenciales, así como el estudio de incentivos fiscales, lo que es especialmente acuciante en las boticas de micromunicipios rurales, donde se localiza la mayor parte de farmacias VEC.
Se pone en marcha el Programa de Farmacia Comunitaria Rural El pasado mes de marzo el Gobierno de España, en colaboración con el Consejo General de Farmacéuticos, anunció la firma de un protocolo que establece las bases para la creación del Programa de Farmacia Comunitaria Rural, encaminado a mejorar la atención sociosanitaria en el medio rural y a contribuir a la sostenibilidad económica de estas farmacias a través de la implementación de un modelo integral de asistencia sociosanitaria. Para lograrlo, el protocolo se centra en siete áreas clave de trabajo: – Acceso a medicamentos y productos sanitarios de forma equitativa y con la debida suficiencia en el abastecimiento de fármacos y productos de salud. Esto incluye el desarrollo de servicios asistenciales como la adherencia y seguimiento de tratamientos para pacientes crónicos o sistemas personalizados de dosificación. – Promover la colaboración de las farmacias rurales en la atención farmacéutica de los centros sociosanitarios locales. Integración de la farmacia comunitaria en programas de promoción de hábitos saludables, prevención de enfermedades y otros aspectos de salud pública. – Utilizar la presencia de las farmacias en las comunidades rurales para colaborar en acciones sociales, especialmente en áreas frágiles, despobladas o deprimidas, incluyendo iniciativas para combatir la soledad y el aislamiento social. – Reforzar la coordinación y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad en personas con discapacidad, Alzheimer o demencias. – Potenciar la digitalización de las farmacias rurales para brindar atención personalizada a los pacientes a través de canales digitales. El protocolo prevé que comience la realización de proyectos piloto antes de que finalice el año en diferentes comunidades autónomas que servirán de modelo para futuras implementaciones en todo el territorio nacional. |
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