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Enviaban fármacos a países extranjeros dentro de la Unión Europea, como Holanda o Reino Unido, donde el precio de mercado en España era tres o cuatro veces inferior que el precio de venta por el que se comercializaba en el país de destino.

La práctica ilegal se conoce como “comercio inverso de medicamentos”, y consistía en que la farmacia compraba medicamentos a su almacén, haciendo uso del canal normal de compra, pero en lugar de destinarlos a la dispensación de sus pacientes, los revendía a otras empresas (mayoristas no de gama completa sino dedicados a estas actividades), quienes posteriormente los enviaban fuera de España.

El beneficio que obtenían los distintos agentes implicados en la operación de exportación ilegal de medicamentos procedía de que en origen podían comprar a precios intervenidos, y podían proceder a su reventa a precios más elevados, aprovechándose de las diferencias entre los distintos países comunitarios y extracomunitarios. La Oficina de Farmacia tenía los beneficios propios de su margen legal y además una posible comisión por estas reventas.

 

 

Además, en los casos destapados se ha descubierto que las farmacias, en ocasiones, expedían facturas a los almacenes calificando la operación de “venta de productos de parafarmacia”, encubriendo de ese modo la venta real de medicamentos para así pasar desapercibidos. Además, con esta calificación las especialidades encubiertas quedaban sujetas al tipo reducido -10 por ciento- en lugar del fijado para los medicamentos -4 por ciento-, con lo que la diferencia de tipos generaba también un beneficio a favor de los agentes implicados.

Además de la mala imagen que se está dando del sector (tanto de la farmacia como de la distribución), la problemática de estas actuaciones es doble. Por un lado, han llegado a provocar la falta de ciertos fármacos, lo cual ha sido especialmente grave cuando son usados en patologías que requieren una continuidad en el acceso al medicamento. Por otro lado, se ha descubierto que en muchos casos había irregularidades en el transporte y manipulación del fármaco durante el proceso logístico de distribución, lo cual puede provocar una pérdida de eficacia del medicamento.

Por último, remarcar que esta práctica no deja de ser puntual y aislada en el sector. Desde FEDIFAR se ha dejado constancia de que ninguna de sus empresas asociadas está implicada en la operación y han mostrado su total oposición a dichas prácticas. No en vano, la distribución farmacéutica de gama completa tiene como función sanitaria esencial garantizar el inmediato acceso de las Oficinas de Farmacia y, consecuentemente, de la población, a cualquier fármaco comercializado en España. Tanto es así que ya en 2010 las empresas asociadas a FEDIFAR firmaron la Declaración contra el suministro irregular de medicamentos. En este documento, las empresas no sólo condenan estas prácticas ilegales, sino que animan a las autoridades a actuar con contundencia contra sus responsables y manifiestan su firme compromiso de colaboración con ellas, en favor de la garantía de la seguridad y transparencia de la cadena de suministro de fármacos. •

 

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Socio Director de Durán-Sindreu,
Abogados y Consultores de Empresa

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