Y puestos a solucionar problemas, de aunar se trata, de visión general, de conseguir una perspectiva que enfoque la situación desde la generalidad, puesto que las soluciones deben incluir a todas las partes implicadas orientadas en la misma dirección si es que buscamos algo más que un simple parche temporal.
Casi todo el que lea esto sabrá que en 1978 se forjaron políticas que mejoraron desigualdades sociales y territoriales. Entre otras, el derecho de sus habitantes a la protección de la salud con una sanidad pública gratuita, universal y equitativa. Paulatinamente, la gestión fue transferida a las Comunidades Autónomas, con el desarrollo de un modelo de calidad y eficacia que se convirtió en el símbolo por excelencia de un país en pleno proceso de modernización. Algunos datos así lo avalaban: España era el estado europeo con menor precio de sus medicamentos, con mayor esperanza de vida y con índices de supervivencia a enfermedades como el cáncer equiparables a las potencias más avanzadas.
Con el paso del tiempo y con una población cada vez más numerosa y longeva, la aparición de nuevas técnicas diagnósticas, la financiación sin criterio de costosos medicamentos, así como el despilfarro Autonómico, fruto de confundir gratuidad generalizada con ilimitada, iniciaron un paulatino desequilibrio social con respecto a los mermados recursos disponibles.
La crisis no ha hecho más que mostrar las costuras de un sistema que creíamos infinito y que con orgullo fue paseado por el mundo. Hoy tenemos los médicos con los salarios más bajos de Europa, listas de espera kilométricas y farmacéuticos maniatados en su prestación por leyes que no entienden de evolución. Incluso es noticia que dos Comunidades Autónomas se hayan puesto de acuerdo para que las tarjetas sanitarias de sus habitantes sirvan en ambas regiones.
Pero como el dinero público, aquí, no es de nadie, mientras que en otros países es de todos, a nadie se le pide explicaciones de su gestión, véanse aeropuertos provinciales, fastuosas ciudades de la cultura, televisiones autonómicas insostenibles, coches oficiales o embajadas pueblerinas, y a cambio parcheamos la situación con medidas de ahorro urgentes y cortoplacistas que han transformado a esa tierra de ciudadanos generosos en un pueblo insolidario y, demasiado a menudo, ridículo.
Sin tiempo para reproches, los expertos llevan ya tiempo avisando que urge cambiar un sistema obsoleto, con un crecimiento del gasto escandaloso, y que es necesario e inaplazable racionalizar los recursos y corregir los desequilibrios territoriales y sociales.
Avisados estamos de que es necesario aplicar el sentido común, dejar de pasear la coletilla de “tenemos la mejor sanidad del mundo”, tomar decisiones importantes, revisar financiaciones de medicamentos y tecnologías en base a su coste-efectividad y, de una vez, concienciar sobre las visitas al médico innecesarias.
No decimos nada nuevo al pedir una tarjeta sanitaria común para todo el país, al pedir que se hagan contratos dignos a médicos y enfermeros, que se potencie la figura del farmacéutico comunitario como profesional regulador del gasto mediante control de tratamientos en polimedicados y, sobre todo, al pedir una coordinación entre todos que posibilite un importante ahorro económico, así como una descarga de trabajo al prescriptor, que dispondrá de más tiempo para las consultas de mayor complejidad.
Por si alguien nos escucha, pedimos también campañas de educación sanitaria en los colegios y en los centros de trabajo para concienciar a los ciudadanos sobre la correcta utilización de los recursos, estrictos controles del endeudamiento autonómico y un organismo independiente, no politizado, que asesore acerca de la financiación de fármacos y cumpla, además, la función de coordinar al Ministerio y las Comunidades.
La clave de todo, insistimos, está en la cooperación entre atención primaria, medicina especializada y farmacias. No hace falta dinamitar modelos, sólo actualizarlos para aprovechar recursos y dejar de hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta. Nunca antes estuvieron tan mal las profesiones sanitarias, y enfrentarnos para marcar a fuego el territorio no nos conducirá a nada, salvo a toda suerte de reproches. Por eso mismo, no nos gusta que los médicos quieran arrogarse todos los derechos sobre los fármacos, e incluso pidan un cambio del modelo de farmacia. No nos gusta porque sus problemas no se solucionarán ni dichas reivindicaciones a las bravas servirán para otra cosa que no sea la enésima revisión del duelo a garrotazos de Goya.
No pedimos que alguien lidere un cambio racional de esta situación, de sobra sabemos que la palabra liderar, para nosotros, tan mediterráneos, es demasiado jugosa y proclive al autobombo personal, más que a la vocación de servicio hacia la comunidad. Pedimos que alguien coordine, que escuche a todas las partes, que busque esa perspectiva y desee englobar a todos los que desarrollamos nuestra profesión sanitaria. Mientras esa figura no aparezca, poco o nada se puede hacer, salvo esperar a que vengan a solucionarnos los problemas desde fuera. Y entonces pediremos explicaciones a grandes corporaciones o a colosales grupos de inversión.
Mientras tanto, sabemos que en breve empezarán las promesas clásicas de época electoral, y aquí seguimos, cada vez con más problemas. Seguimos siendo tres grupos de tres. Seguimos en Taifas, la culpa siempre la tendrá el Reino de al lado.•
Edgar Abarca Lachén. Director científico de AEFF
Martín Muñoz Méndez. Vicepresidente ejecutivo de AEFF
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